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Referencia del Consejo de Ministros (viernes, 1 de septiembre de 2006)

Por El Observador - 1 de Septiembre, 2006, 17:30, Categoría: General

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Educación y Ciencia

APROBADA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

  • Se perfila una nueva Ley que brinde mayor autonomía a las universidades con mayor responsabilidad y rendición de cuentas ante la sociedad
  • La contratación de profesores se realizará a través del sistema de acreditación, que sustituye a la habilitación. Se establece así un proceso de garantías, ágil y transparente
  • La reforma crea el Consejo de Estudiantes Universitarios y el Estatuto del Estudiante

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica de Universidades de 2001, un texto que recoge las mejoras de carácter técnico realizadas por el Consejo de Estado en su informe. El Proyecto se remite a las Cortes Generales tras dos años de análisis y debate con rectores, profesores, estudiantes, colegios profesionales y Comunidades Autónomas, así como con el resto de agentes que conforman la comunidad universitaria.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades persigue dar un nuevo impulso a la universidad española, elevar su calidad y situarla como un referente internacional indiscutible. Se responde al mismo tiempo a un compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, así como a las demandas expresadas por la comunidad universitaria.

El Proyecto que se somete ahora al debate parlamentario dota a las universidades de mayor autonomía en la toma de decisiones, en su administración y en su funcionamiento interno. Al mismo tiempo, se refuerza la evaluación que se hace de la calidad de las universidades españolas, por ser éste un factor fundamental en el binomio mayor autonomía mayor responsabilidad.

Consejo de Estado

El informe del Consejo de Estado, remitido al Ministerio de Educación y Ciencia a finales del mes de julio, es favorable y positivo. El Consejo de Estado no ha establecido reparos de legalidad ni observaciones que requirieran modificaciones sustantivas. De las sugerencias realizadas, la mejora técnica más destacable que se ha incluido en el texto es la que se refiere a la participación de los profesores en las cuestiones académicas de las Universidades de titularidad privada.

Por otro lado, el Consejo de Estado ha destacado lo acertado de muchas de las medidas propuestas. El dictamen se congratula de que se regrese a un procedimiento único de admisión de alumnos en la Universidad. Considera igualmente acertadas las medidas de promoción de la igualdad de género, subrayando el carácter persuasivo y no imperativo de las reformas.

Cambios más relevantes

El Proyecto de Ley, en relación a los órganos de Gobierno, supone ampliar las posibilidades a la hora de que las Universidades definan en sus estatutos el método para la elección de Rector. Se podrá hacer bien por sufragio universal entre los miembros de la comunidad universitaria o bien por el Claustro.

La reforma plantea la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, que reunirá a las distintas Administraciones competentes en la materia, potenciando así el papel de las Comunidades Autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial. Por otra parte, el futuro Consejo de Universidades estará integrado por los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académica de la universidad española.

Se elaborará un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios, beneficiarios principales del sistema, como vía para garantizar la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario.

Contratación del profesorado

La reforma permite un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en sustitución de la habilitación. Se trata de un nuevo sistema donde se valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y que se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar el mejor profesorado posible, el que más se ajuste al perfil de cada universidad.


Investigación y transferencia de conocimiento

Los cambios introducidos persiguen impulsar la ciencia española, recalcando el papel que la universidad tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. El Proyecto plantea que las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas.

Mayor responsabilidad

En relación con la responsabilidad y la rendición de cuentas ante la sociedad de las universidades, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada, en un ente público. Los criterios comunes de garantía de calidad del sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos de evaluación y supondrán una co-responsabilidad del Estado y las Comunidades Autónomas, a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas de Calidad.

Por último, se crean programas específicos de ayuda en los que las Administraciones públicas competentes se comprometen activamente con las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como con las personas con discapacidad. También se refleja un título nuevo en la Ley, sobre el Deporte Universitario, donde se considera la práctica deportiva en el ámbito universitario como parte importante de la formación de los estudiantes.


Asuntos Exteriores y de Cooperación

MEDIDAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LA ACCIÓN EXTERIOR DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado. Con este Acuerdo el Gobierno da cumplimiento al compromiso de establecer un plan urgente y de carácter integral para la reforma y modernización del Servicio Exterior.

Las previsiones del Acuerdo desgranan un conjunto de actuaciones para las que se establecen plazos temporales máximos de ejecución. Dentro de estos plazos, se encomienda a los Departamento ministeriales competentes que arbitren las disposiciones pertinentes para llevar a la práctica las referidas mejoras sin dilación.

Se abordan iniciativas que afectan a la planificación de la política exterior del Gobierno; a la ampliación y reordenación del despliegue diplomático, consular y de oficinas sectoriales en el exterior; a la potenciación de los recursos humanos del Servicio Exterior; y a los medios materiales puestos a disposición de la acción exterior del Estado, el mantenimiento y adquisición de inmuebles, medidas de seguridad, así como la extensión y sistematización a todo el Servicio Exterior del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre otros puntos, cabe destacar que se abrirán un total de trece consulados en diferentes partes del mundo, así como se destinarán Cónsules adjuntos en otras diez ciudades.

Industria, Turismo y Comercio

TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE LOS MERCADOS INTERIORES DEL GAS Y DE LA ELECTRICIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley que tienen como finalidad incorporar al ordenamiento jurídico español las Directivas de la Unión Europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas.

Entre otros objetivos, los Proyectos de Ley pretenden asegurar la independencia real de la gestión de las redes y, en consecuencia, la total transparencia y objetividad en el acceso de terceros a las infraestructuras del sistema energético.

Los nuevos textos prevén, además, un régimen transitorio hasta el 1 de enero de 2008, en el caso del gas, y hasta el 1 de enero de 2011 para el sector eléctrico, fechas en las que la total liberalización supondrá la desaparición del actual sistema de tarifas reguladas, con la única salvedad de la introducción de la llamada “tarifa de último recurso”.

MERCADO DEL GAS

El Proyecto cumple los dos requerimientos básicos exigidos por las autoridades comunitarias para garantizar la transposición de la referida Directiva:

  • La separación jurídica y funcional de los gestores de las redes de transporte y de distribución, en el sistema gasista español, transportistas y distribuidores, de las actividades de suministro y producción.
  • La desaparición del denominado “mercado a tarifa “coexistente con el mercado liberalizado.

Estos dos requisitos obligan a la separación de la actividad de comercialización de la denominada "actividad de red" Compra-venta de gas de los transportistas y eliminación del suministro a tarifa de los distribuidores y a la redefinición de las funciones, derechos y obligaciones de los distintos sujetos que actúan en el sistema gasista. Por ello, a partir del 1 de enero del 2008 se eliminará el denominado suministro a tarifa y se estable una tarifa de último recurso y la actividad de comercialización será realizada únicamente por los comercializadores.

Además, para garantizar el estricto cumplimiento de la Directiva, se realiza la designación expresa de las autoridades reguladoras responsables de la supervisión establecida en el Artículo 25 de la citada norma comunitaria.

En lo que respecta a la protección del consumidor final, si bien la mayor parte de las medidas recogidas en el Anexo A de la Directiva se encuentran contempladas en el Real Decreto de 27 de diciembre de 2002 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, en las modificaciones incorporadas en el proyecto de Ley se ha tenido en cuenta el contenido de dicho Anexo en la definición de las funciones de las empresas comercializadoras de gas natural y se ha previsto la designación de suministradores de último recurso.

Medidas complementarias y técnicas

Por otra parte, el Proyecto contiene una serie de medidas complementarias para reforzar el cumplimiento de la Directiva, pero no han sido exigidas por la citada norma comunitaria, entre las que destacan:

  • Actualización de las funciones del Gestor Técnico del Sistema, con refuerzo de su actuación e independencia mediante la limitación de la participación de los agentes del sector en su accionariado, y ampliación de su ámbito de actuación a la red de transporte secundario.
  • Creación de la Oficina Gestora de cambios de suministrador, garantizando la transparencia y efectividad del mecanismo de traspaso de los actuales clientes del mercado a tarifa.
  • Reducción a dos meses del plazo de resolución de conflictos.

Asimismo, se han introducido en el Proyecto otras medidas técnicas destinadas a mejorar y adecuar el contenido de la Ley de 1998 a la situación actual del mercado gasista, como son:

  • Inclusión del transporte secundario en la planificación obligatoria siendo competencia de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo con la Administración General del Estado.
  • Necesidad de autorización de la Administración competente para la transmisión de instalaciones de transporte y distribución.
  • Adecuación de las existencias mínimas de seguridad de gas natural a la disponibilidad actual de almacenamiento del sistema.
  • Creación del Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de la Garantía de los suministros energéticos.


Dictamen del Consejo de Estado

Finalmente, después de ser enviado el Anteproyecto de ley a dictamen del Consejo de Estado, se han introducido las siguientes modificaciones:

  • Se da competencia a las Comunidades Autónomas para determinar en qué caso la extensión de las redes corresponde a una extensión natural de la red de distribución o es una acometida o una línea directa.
  • Se le asigna a la Comisión Nacional de la Energía la supervisión para el cumplimiento de la normativa y procedimientos relacionados con los cambios de suministrador que se realicen.
  • La planificación de las instalaciones de la red básica y el transporte secundario es obligatoria y será realizada por el Estado.
  • Se adecua la composición de CORES al nuevo modelo eliminando la representación de los transportistas.
  • Se actualizan los derechos y las obligaciones de los sujetos del sistema gasista: gestor técnico del sistema, transportistas, distribuidores, comercializadores y consumidores directos en mercado.
  • Se introduce, de acuerdo con una Recomendación Comunitaria de 1998, la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de las reclamaciones en materia de consumo de gas.
  • Se modifica la redacción dada para la Oficina de Cambio de Suministrador y se le da una función de supervisión de los cambios que se produzcan, en vez de ser responsable de la gestión centralizada, de las comunicaciones y registro formal de los cambios de suministrador. Se establece que en su capital participe los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas natural.
  • Los derechos de acomedidas que son fijados por la Comunidades Autónomas estarán comprendidos entre una banda establecida por la Administración General del Estado.
  • Se establecen las tarifas de último recurso.
  • Se establece el desarrollo reglamentario para la regulación de la actividad de suministro de GLP.
  • Se modifica el régimen sancionador establecido en la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998.

Se establece el calendario de adaptación del sistema tarifario de suministro de gas natural y aplicación del suministro de último recurso, y se habilita al Gobierno a modificar los límites establecidos si así lo recomiendan las condiciones de mercado en relación con los consumidores y comercializadores de último recurso.

MERCADO DE ELECTRICIDAD

El Proyecto de Ley incorpora al ordenamiento jurídico aquellas previsiones contenidas en una Directiva Comunitaria de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga otra Directiva de 1996, que requieren una modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Además, se introducen determinadas modificaciones que, si bien no vienen estrictamente derivadas de las exigencias que establece la normativa, redundan en una mejoras del funcionamiento eficaz del mercado y contribuyen a mejorar la eficacia en la instalación de infraestructuras eléctricas y a desarrollar las diferentes modalidades de contratación.

Principales modificaciones

Como aspectos más destacados para dar cumplimiento a la transposición de la Directiva se recogen las siguientes modificaciones de la Ley del Sector Eléctrico:

  • Designación de autoridades reguladoras: se definen como tales la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Nacional de Energía. Además, se encargan a esta última las funciones de supervisión que se establecen en el artículo 23 de la Directiva, incluyendo una relación exhaustiva de todas las funciones de supervisión que exige la Directiva en el citado artículo.
  • Separación de los gestores de redes de distribución: la actividad de suministro a tarifa deja de formar parte de la actividad de distribución, tal como exige la Directiva, y pasa a ser ejercida por la nueva figura de los comercializadores a tarifa hasta que se produzca la desaparición total de las tarifas el 1 de enero de 2011.
  • Obligaciones de servicio público y protección al cliente: se adopta un enfoque progresivo a fin de que las empresas puedan adaptarse y garantizar que se establezcan las medidas y regímenes adecuados para proteger los intereses de los consumidores y asegurar que éstos tengan un derecho real y efectivo de elección de su suministrador.
  • Separación de los gestores de las redes de transporte: se incluye el mandato de dar solución a los contratos suscritos por Red Eléctrica de España, S.A. con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico, de tal forma que dicha sociedad deje de ser responsable de su gestión.
  • Separación contable e información y publicidad de la contabilidad de las empresas: el cumplimiento de las obligaciones de separación contable ya viene establecido en la Ley actual. No obstante, se incluyen expresamente las obligaciones de información y publicidad de cuentas de las empresas con el detalle que establece la Directiva en su artículo 19.
  • Plazos de resolución de conflictos de acceso: se adaptan los plazos de resolución de las reclamaciones administrativas contra un gestor de red de transporte o de distribución reduciéndolos a dos meses.
  • Metodología para el cálculo de las tarifas de acceso a la red: se faculta al Gobierno, no sólo para aprobar los precios de las tarifas y los peajes de acceso, sino además para que pueda establecer una metodología de cálculo de las tarifas y peajes de acceso, y el detalle de los costes que deben incluir, de tal forma que cada servicio cubra los costes que provoca.

Otros cambios no exigidos por la Directiva

Aunque no se trata de medidas exigidas en la Directiva, se ha considerado necesario introducir los siguientes cambios en la vigente legislación:

  • Se realiza una diferenciación en la red de transporte, en la que se introduce una separación entre transporte primario y secundario, de tal manera que el primario estaría formado por las instalaciones de 400 kV y el secundario, por las de 220 kV.
  • Se crea un registro de transportistas. Se establece un plazo de seis meses para que los titulares de instalaciones de transporte procedan a su inscripción en el Registro.
  • Se plantea que OMEL (Operador Mercado Electricidad) deje de ser financiado a través de la tarifa para pasar a autofinanciarse a través de los agentes que participan en el mercado.
  • Se crea una unidad orgánica específica encargada de desarrollar las funciones de operador del sistema.
  • Se crea la Oficina Gestora de Cambios de Suministrador, una sociedad independiente responsable de la gestión centralizada de las comunicaciones y registro formal de los cambios de suministrador de energía eléctrica.
  • Las acometidas eléctricas son instalaciones de conexión entre el distribuidor y el cliente, cuyas características técnicas y de seguridad son competencia de la Administración Autonómica, de acuerdo con el reparto competencial de la Constitución.

Asimismo, se han introducido cambios en la Ley que permiten mejorar la competencia y el funcionamiento eficaz del mercado:

  • Se adaptan las posibilidades de contratación y de actuación de los agentes en el mercado.
  • Se adaptan todos los derechos y obligaciones de los comercializadores y distribuidores al nuevo orden establecido.

Por otra parte, también se introducen mejoras de carácter puramente técnico, que se refieren, fundamentalmente, a la adecuación de la terminología utilizada en la Ley.

Dictamen del Consejo de Estado

Finalmente, después de ser enviado el Anteproyecto de Ley a dictamen del Consejo de Estado, se han introducido las siguientes modificaciones:

  • Se da competencia a las Comunidades Autónomas para determinar en qué caso la extensión de las redes es una acometida o una línea directa.
  • Se le asigna a la Comisión Nacional de la Energía la supervisión para el cumplimiento de la normativa y procedimientos relacionados con los cambios de suministrador que se realicen.
  • La planificación del transporte y la adjudicación de las instalaciones que lo conforman serán realizados por el Estado.
  • Se establecerá como parte de la retribución del transporte un porcentaje, que no superará el 3 por 100, destinado a reducir el impacto socioambiental derivado de la construcción de las instalaciones.
  • Los derechos de acometidas que son fijados por la Comunidades Autónomas estarán comprendidos entre una banda establecida por la Administración General del Estado.
  • Se establece para las instalaciones tanto de régimen ordinario como de régimen especial que, previamente a su autorización, debe haberse obtenido el punto de conexión a las redes de transporte o distribución correspondiente.
  • El Gobierno puede determinar el derecho a la percepción de una prima para las instalaciones de cogeneración de potencia superior a 50 MW, al igual que existe para renovables y de residuos.
  • Se añade como función del Operador del Sistema la liquidación y comunicación de pagos y cobros en los sistemas insulares y extrapeninsulares.
  • Se añade la posibilidad de los distribuidores de utilizar las redes para desarrollar servicios de telecomunicación, llevando contabilidad separada imputable a estos servicios.
  • Se introduce, de acuerdo con una Recomendación comunitaria de 1998, la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de las reclamaciones en materia de consumo de energía eléctrica.
  • Se modifica la redacción dada para la Oficina de Cambio de Suministrador y se le da una función de supervisión de los cambios que se produzcan, en vez de ser responsable de la gestión centralizada, de las comunicaciones y registro formal de los cambios de suministrador.
  • Se establece que en su capital participen los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas natural.
  • Se establece que a partir del año 2.011 pueden acogerse a tarifas de último recurso los consumidores domésticos y las pymes de potencia contratada inferior a 50 KW.
  • El calendario de desaparición de las tarifas de suministro será el siguiente: 1 de enero de 2010 para alta tensión; 1 de enero de 2011 para el resto de tarifas de suministro.
  • Se añade un nuevo párrafo en la disposición transitoria quinta para que REE dé solución al contrato con EDF antes de seis meses y se le da la posibilidad de cesión a terceros.
  • Se da un plazo de seis meses a los agentes externos para adaptar su autorización a la figura del comercializador.


Defensa

SOLICITADA AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN CONTINGENTE MILITAR ESPAÑOL EN EL LÍBANO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de un contingente militar español, con un límite de hasta 1.100 militares, en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

La contribución militar española se realizará en dos fases: en la primera, como refuerzo inmediato, una Fuerza de Infantería de Marina, de entidad batallón, que permanecería en la zona hasta el 1 de noviembre de 2006; en la segunda, la Fuerza de Infantería de Marina sería relevada por una Brigada Multinacional liderada por España, a la que se aportarían los siguientes elementos: el Mando y otras unidades del Cuartel General y de apoyo al Mando, una Unidad de Comunicaciones y sistemas de información, un batallón mecanizado y otros elementos de apoyo nacional.

El Acuerdo del Consejo de Ministros fija en 3.000 personas la entidad máxima de los efectivos militares españoles para el conjunto de operaciones en el exterior.

El Gobierno español mostró desde el primer momento su decisión de responder afirmativamente a la solicitud, expresada en la Resolución 1.701, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aumentar los efectivos de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano hasta un máximo de 15.000 soldados para que, además de llevar a cabo el mandato de sus Resoluciones 425 y 426, vigile la cesación de las hostilidades y acompañe y apoye a las Fuerzas Armadas Libanesas a medida que se despliegan en el sur del país. Asimismo, mostró su disposición a aportar fuerzas para la ampliación de esta Fuerza Provisional pues tanto el Líbano como Oriente Próximo constituyen una zona de interés estratégico para España, en la que nuestro país ha estado tradicionalmente presente y ha jugado un activo papel como impulsora del proceso de paz.

Esta disposición es coherente con el interés de España en el fortalecimiento del papel de la Unión Europea en la región. De ahí que, al igual que otros Estados miembros de la Unión, España haya estimado oportuno responder al requerimiento recibido, convencida de que ello contribuirá a crear un clima más propicio para avanzar en la resolución de los conflictos en Oriente Próximo y en el proceso de paz entre israelíes y palestinos.


Asuntos Exteriores y de Cooperación

RATIFICADO EL GASTO PARA EVACUACIÓN DE CIUDADANOS ESPAÑOLES DEL LÍBANO

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las actuaciones de emergencia derivadas de la evacuación de los ciudadanos españoles y sus familias por la crisis en Líbano. Los gastos totales producidos ascienden a 360.000 euros.

España organizó varias operaciones de evacuación por tierra desde Tiro, Beirut y Trípoli a Damasco, y se enviaron un total de cuatro aviones para trasladar a los evacuados desde Damasco y Amman a Madrid. Alrededor de 500 españoles y 300 extranjeros fueron evacuados en estas operaciones.

Por otro lado, las Embajadas de socios comunitarios y de otros países como Venezuela y Canadá permitieron la evacuación de españoles de Líbano a terceros países. Posteriormente, fueron repatriados por las diferentes Secciones Consulares de las Embajadas y Consulados Generales afectados. Mas de 150 personas fueron evacuadas en operaciones de otros países.

Tales actuaciones han generado unos gastos que no se producen en procedimiento habituales. Las Embajadas y Consulados Generales afectados han actuado con extraordinaria agilidad, atendiendo a las necesidades de traslado, alojamiento y manutención no sólo de los españoles, sino de otro nacionales, ya fuera por razones de ciudadanía de la Unión Europea o por imperativo humanitario.


Fomento

AENA ABONARÁ 250 EUROS A CADA PASAJERO CON VUELO CANCELADO POR LOS INCIDENTES DEL AEROPUERTO DE EL PRAT

  • La medida se aplicará a los usuarios que voluntariamente cedan sus derechos para que Aena pueda reclamar a los responsables.
  • En caso de pérdida o destrucción de equipaje facturado cada pasajero recibirá, además, 180 euros.
  • Se podrán acoger a esta medida los viajeros con origen o destino al aeropuerto de Barcelona entre las 6,30 horas del día 28 de julio y las 24 horas del 29 de julio.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo mediante el cual Aena abonará 250 euros a los pasajeros cuyo vuelo fuera cancelado por los incidentes del aeropuerto de El Prat, del pasado 28 de julio de 2006. Además, el acuerdo establece que, en el supuesto de pérdida o destrucción del equipaje facturado, Aena abonará 180 euros por viajero, siempre que se haya formulado la pertinente reclamación.

Con la aprobación de este Acuerdo, el Gobierno pretende actuar en interés de los pasajeros afectados agilizando la tramitación de las reclamaciones y facilitando el ejercicio de los derechos que los pasajeros pudieran ostentar. De esta forma, el Gobierno cumple el compromiso anunciado por la Ministra de Fomento el pasado 10 de agosto en el Congreso.

Los pasajeros interesados en acogerse a esta medida cederán a Aena todos los derechos y acciones que ostenten por la cancelación de vuelos, pérdida o destrucción de equipaje. Aena ejercerá esos derechos para exigir indemnizaciones a los responsables del incidente.

Pasajeros beneficiados por la medida

La medida se aplicará a los pasajeros que así lo deseen y que cuenten con título de transporte y reserva confirmada en los vuelos comerciales con salida o destino al aeropuerto de Barcelona entre las 6,30 horas del día 28 de julio de 2006 y las 24 horas del día siguiente, 29 de julio.

El pasajero deberá presentar una oferta de cesión de sus derechos y acciones en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo. A tal efecto, Aena facilitará a los pasajeros un documento normalizado de cesión, indicando la documentación necesaria a adjuntar por el interesado.

En los próximos días, Aena difundirá a través de los principales medios de comunicación los canales (teléfonos, web, etcétera.) donde se darán a conocer la relación de los vuelos cancelados y toda la información necesaria para la aplicación de esta medida.

Para los pasajeros que opten por desarrollar sus acciones de forma individual y directa, tienen a su disposición una unidad específica de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento para tramitar las reclamaciones a las compañías, así como para control y realizar un seguimiento de las mismas. El objetivo es garantizar el cumplimiento legal de los derechos de los pasajeros.


Industria, Turismo y Comercio

APROBADO EL PLAN TÉCNICO DE F.M.

  • Se incluyen nuevas frecuencias para emisoras comerciales y emisoras públicas autonómicas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frencuencia (FM) en el que se incluye la planificación de nuevas frecuencias para emisoras de FM.

El nuevo Plan Técnico de FM sustituirá al aprobado en 1989 y modificado parcialmente en 1997. En los diecisiete años transcurridos desde la aprobación del plan anterior, el sector de la radio en España ha experimentado una gran transformación: se ha producido un gran crecimiento del mismo y se ha planteado la necesidad de nuevas emisoras públicas y privadas que permitan ampliar la oferta de servicios y potenciar la pluralidad informativa.

Resultado de la planificación

La planificación de nuevas frecuencias para emisoras de FM presenta una gran complejidad técnica, especialmente en las grandes ciudades, donde existe una gran congestión del espacio radioeléctrico, por lo que es preciso apurar la capacidad del espectro en dichas zonas.

Para realizar la planificación de nuevas emisoras, el Ministerio de Industria se ha basado en un criterio exclusivamente técnico que permitiera atender el mayor número posible de las necesidades planteadas por las Comunidades Autónomas, con las únicas limitaciones de que las nuevas frecuencias sean compatibles radioeléctricamente con las ya existentes, se alcancen las coberturas propuestas y se garantice que las nuevas emisoras de FM disfrutarán de una calidad de servicio acorde con las recomendaciones y normas establecidas por los organismos internacionales; en particular, la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En el proceso de planificación se ha tenido en cuenta que todas las Comunidades Autónomas tienen idéntico derecho de acceso a los recursos del dominio público radioeléctrico, de manera que el acceso a frecuencias por determinadas Comunidades Autónomas no puede ir en detrimento de las necesidades de frecuencias de las colindantes.

En el caso de las emisoras comerciales, se han planificado 866, lo que supone el 72,7 por 100 de las 1.192 solicitadas. Una vez adjudicadas las concesiones por las Comunidades Autónomas, el número de emisoras existentes en la actualidad se incrementará en un 83,4 por 100.

En lo que se refiere a las emisoras públicas autonómicas, se han planificado 235, el 89,4 por 100 de las 263 solicitadas. De este modo, se incrementará en un 48,7 por 100 el número de emisoras públicas autonómicas actuales.

Con anterioridad a su aprobación por el Consejo de Ministros, el Real Decreto ha sido presentado al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y ha sido sometido a informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y del Consejo de Estado.

Emisoras comerciales

Emisoras Comerciales

*El incremento total de emisoras comerciales es del 83,4%

**El porcentaje total de frecuencias planificadas respecto de las solicitadas es del 72,7%


La planificación realizada para las nuevas emisoras comerciales de FM ha permitido satisfacer el 100 por 100 de las solicitudes de cinco Comunidades Autónomas (Asturias, Illes Balears, Cantabria, Navarra y La Rioja) y de las dos Ciudades Autónomas (Ceuta no ha solicitado nuevas emisoras). Asimismo, se han planificado entre el 92 y el 99 por 100 de las solicitudes de cuatro Comunidades Autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco) y más del 78 por 100 de las solicitudes de otras cinco: Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia.

En únicamente tres Comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León) el porcentaje entre las frecuencias planificadas y las solicitadas se sitúa por debajo de la media (72,7 por 100):

  • En la Comunidad de Madrid se han podido planificar 21 nuevas frecuencias de la solicitud genérica presentada, ya que el municipio de Madrid y su área metropolitana son las zonas donde existe una mayor congestión de espectro radioeléctrico. No obstante, estas nuevas frecuencias suponen un 37 por 100 de incremento sobre las existentes.
  • En la Comunidad Valenciana se han podido planificar 31 nuevas frecuencias dado el elevado número de emisoras ya existentes (82) y que gran parte de las emisoras solicitadas lo eran en las capitales de provincia, donde existe una mayor congestión del espectro radioeléctrico. En las tres capitales de provincia se han podido planificar nueve nuevas emisoras. El total de las nuevas frecuencias supone un aumento del 38 por 100 respecto a las existentes.
  • En Castilla y León se han planificado un total de 138 nuevas frecuencias, de las 260 solicitadas. Algunas de las frecuencias solicitadas se localizaban en la banda de frecuencias reservada para las emisoras públicas municipales, lo que ha impedido su planificación para emisoras comerciales. Las nuevas frecuencias planificadas superan en número a las actualmente vigentes (117) y representan un incremento del 118 por 100.


Emisoras públicas autonómicas

Emisoras pública autonómicas

* Emisoras planificadas que aun no han entrado en funcionamiento

El incremento total de emisoras públicas autonómicas es del 48,7 por 100

El porcentaje total de frecuencias planificadas respecto de las solicitadas es del 89,4 por 100

Las Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja no han solicitado nuevas emisoras públicas autonómicas.

De la planificación efectuada, en seis Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco) se ha satisfecho entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de las solicitudes de frecuencias.

Del resto de las Comunidades, en dos de ellas (Aragón y Extremadura) el porcentaje de frecuencias planificadas respecto a las solicitadas está muy cercano a la media (89,4 por 100), y en las otras dos (Valencia y Canarias) está por debajo.


En la Comunidad Valenciana, el grado de satisfacción (69,6 por 100) se debe, principalmente, a las dificultades de planificación de frecuencias por la ocupación del espectro, la proximidad al mar y la necesidad de coordinación radioeléctrica con los países vecinos del norte de África.

En la Comunidad Canaria se han solicitado siete nuevas emisoras, una por isla, para un hipotético segundo programa autonómico, pero sin especificar el emplazamiento. Se da la circunstancia de que en esta Comunidad existe un primer programa autonómico planificado cuyo emplazamiento tampoco se concretó y que aún está pendiente de la presentación, por la Comunidad Autónoma ante la Secretaría de Estado, de los preceptivos proyectos técnicos. Como consecuencia, las emisoras autonómicas planificadas (dos) corresponden a la extensión de la cobertura del primer programa.

Contenido del Real Decreto

El Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico regula tanto las emisoras comerciales, como las públicas de FM gestionadas por el Estado a través de Radio Nacional de España, las de las Comunidades Autónomas gestionadas por sus Entes públicos y las de las corporaciones locales.

En el Real Decreto se establecen los requisitos imprescindibles que deberán cumplir los concesionarios para poder iniciar la prestación del servicio. Además de la previa asignación de la frecuencia por el Ministerio de Industria, es necesaria la aprobación del proyecto técnico de las instalaciones y la inspección satisfactoria de éstas por la Administración. Asimismo, se fijan los objetivos prioritarios de cobertura de las emisoras de FM planificadas para los entes públicos que, con carácter general, deberán alcanzar, al menos, el 95 por 100 de la población y a todas las entidades con más de 10.000 habitantes.

Por su parte, el Plan Técnico recoge las características técnicas asociadas a las emisoras de FM. En concreto, se establece la banda de frecuencias (87,5 – 108 MHz) asignada al servicio radio de FM, el sistema de modulación, definición de zona de servicio, calidad de servicio (estereofónica o monofónica), polarización de las emisiones, emplazamiento de las estaciones transmisoras, intensidad de campo protegido, separación entre canales, etcétera.

Finalmente, en el Anexo se indican las características técnicas de las emisoras de FM comerciales y se establece que el resto de las características técnicas de las emisoras públicas se publicará en la página web del Ministerio de Industria (www.mityc.es). Todas estas características técnicas concuerdan plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales y los estándares europeos.


Justicia

C READAS 73 NUEVAS UNIDADES JUDICIALES

  • Se modifica la planta judicial mediante la creación de 10 plazas de magistrado (3 en la Audiencia Nacional y 7 en Audiencias Provinciales) y 63 juzgados, reforzando todas las Comunidades Autónomas
  • Estas nuevas unidades judiciales, junto con las 20 ya creadas por el Ministerio de Justicia el pasado 9 de junio, completan la programación para este año, prevista en 93 unidades
  • El coste de la ampliación de la planta judicial se cifran en 9,3 millones de euros al año en concepto de personal, más de 42.000 euros por cada órgano judicial nuevo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la planta judicial mediante la creación de 73 nuevas unidades judiciales (10 plazas de magistrados de órganos colegiados y 63 juzgados), con lo que se completa la programación del año 2006 (93 unidades judiciales).

La ampliación de la planta se justifica en la carga de trabajo generada en determinados órganos como consecuencia de las últimas reformas procesales, así como las novedades legislativas relacionadas con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, el Código Penal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la Ley Concursal y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Para garantizar que se cumplan los objetivos que persiguen estas reformas se crean estas nuevas plazas de magistrados y nuevos juzgados. Este refuerzo ante nuevas demandas se recoge en este Real Decreto, especialmente con la creación de trece juzgados de violencia sobre la mujer.

Esta segunda fase de nuevas unidades judiciales refuerza todas las Comunidades Autónomas y se desglosa del siguiente modo:

  • Dotación de tres plazas de magistrado en la Audiencia Nacional
  • Dotación de siete plazas de magistrado en Audiencia Provincial:
  • Una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de León
  • Una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Toledo
  • Dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche
  • Tres plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid: una para la sección séptima, otra para la decimoquinta y una tercera para la decimosexta.
  • Creación de una nueva Sección en Audiencia Provincial. Con la dotación de dos plazas de magistrado en dicha Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se crea la sección novena de dicha Audiencia
  • Creación de 63 juzgados:
  • 9 Juzgados de Primera Instancia:

Granada

Marbella (Málaga)

Sevilla

Gijón (Asturias)

Palma de Mallorca

Granollers (Barcelona)

Sabadell (Barcelona)

Madrid

Barakaldo (Vizcaya)

  • 2 Juzgados de instrucción:

Fuenlabrada (Madrid)

Móstoles (Madrid)

  • 23 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:

Roquetas de Mar (Almería)

Vera (Almería)

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Dos Hermanas (Sevilla)

Arrecife (Las Palmas)

Número 8 de Gavà (Barcelona)

Número 6 de Martorell (Barcelona)

Número 5 de Vic (Barcelona)

Número 4 de Santa Coloma de Farners (Girona)

Número 3 de Valls (Tarragona)

Catarroja (Valencia)

Sagunto (Valencia)

Carballo (A Coruña)

Ponteareas (Pontevedra)

Alcalá de Henares (Madrid)

Arganda del Rey (Madrid)

Collado Villalba (Madrid)

Colmenar Viejo (Madrid)

Parla (Madrid)

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Valdemoro (Madrid)

Lorca (Murcia)

Balmaseda (Vizcaya)

  • 7 Juzgados de lo penal:

Almería

Algeciras (Cádiz)

Arrecife (Las Palmas)

Granollers (Barcelona)

Tarragona

Orihuela (Alicante)

Valencia

  • 4 Juzgados de lo contencioso-administrativo:

Palma de Mallorca

Valencia

Madrid

Melilla

  • 2 Juzgados de lo social:

Zaragoza

Las Palmas de Gran Canaria

  • 2 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:

Número 4 de Castilla y León, con sede en Palencia

Número 5 de Castilla y León, con sede en Salamanca

  • 1 Juzgado de Menores:

Murcia

  • 13 Juzgados de Violencia sobre la Mujer:

Algeciras (Cádiz)

Zaragoza

Oviedo

Palma de Mallorca

Santander

Valladolid

Albacete

L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Badajoz

Vigo (Pontevedra)

Pamplona

Bilbao

Logroño

Por último, el Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Barcelona, cuya entrada en funcionamiento tuvo lugar el 1 de diciembre de 1999, se transforma en Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, por lo que el Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Barcelona pasa a ser el juzgado número 8 con fecha de efectos de 1 de enero de 2007.

Las fechas de efectividad de las nuevas plazas de magistrado en órganos colegiados, del inicio de actividad de la nueva sección y de la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados serán fijadas por el ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicadas en el “Boletín Oficial del Estado”.

Coste

La memoria económica cifra el coste de personal de la ampliación de la planta judicial en 9.302.588,12 euros por año. Esta partida se imputará al presupuesto de gasto del Departamento, conforme a la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. A la cantidad anterior hay que añadir el coste de gastos de inversión y funcionamiento de los organismos judiciales no transferidos, que se calculan en 42.070,85 euros por año por órgano judicial.

Los gastos de inversión se desglosan del siguiente modo:

  • El coste medio de edificación y readaptación es de 160.000 euros por órgano judicial.
  • Mobiliario, 51.000 euros por órgano judicial.
  • Informatización, 30.000 euros por órgano judicial.

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